Spanish Translation of “The Title-Transfer Theory of Contract”

I asked Claude to translate “The Title-Transfer Theory of Contract,” ch. 16 in David Howden, ed., The Palgrave Handbook of Misesian Austrian Economics (Palgrave, forthcoming Feb. 2027), part of the Palgrave Studies in Austrian Economics Book series. It is based on: Stephan Kinsella, “The Title-Transfer Theory of Contract,” Papinian Press Working Paper #1 (Sep. 7, 2024).

The translation is below (I have not checked its accuracy) and here (pdf).

La teoría del contrato como transferencia de títulos

[traducción al español de la versión final previa a la imprenta; pdf]

en David Howden, ed., Palgrave Handbook of Misesian Austrian Economics (Palgrave, de próxima aparición en 2027)

Stephan Kinsella[*]

Resumen

La teoría convencional del contrato concibe los contratos como promesas vinculantes que crean obligaciones jurídicas exigibles, ya se las funde en la voluntad, en la confianza, en la equidad, en la eficiencia o en la negociación (bargain). Estos enfoques adolecen de diversas deficiencias, entre ellas justificaciones circulares (por ejemplo, la de la confianza en perjuicio propio, o detrimental reliance) y la incoherencia en materia de remedios: los tribunales rara vez ordenan el cumplimiento específico de las obligaciones “de hacer” algo y, en su lugar, conceden indemnizaciones por daños que, en la práctica, reducen todos los contratos a transferencias de títulos sobre recursos poseídos en propiedad.

Este capítulo propone una versión mejorada de la teoría del contrato como transferencia de títulos (TTTC, por sus siglas en inglés), que se apoya en trabajos anteriores de Murray Rothbard y Williamson Evers pero rechaza la problemática noción rothbardiana de “robo implícito”. Según la TTTC, los contratos no son promesas vinculantes ni fuentes de obligaciones, sino transferencias consensuales de títulos sobre bienes enajenables, ya sean gratuitas, recíprocas o condicionales. La propiedad (el derecho de excluir) implica por sí misma el derecho de transferir el título mediante el consentimiento, lo que vuelve innecesarios requisitos formalistas como la consideration y permite los contratos de donación, como ocurre en el derecho civil.

La TTTC elimina los conceptos de “incumplimiento contractual” y de obligación promisoria, explica las fianzas de cumplimiento y los “daños” como transferencias condicionales de títulos especificadas de antemano, aclara por qué el fraude constituye una agresión y resuelve las incoherencias relativas a la esclavitud voluntaria y a la prisión por deudas. Ofrece un fundamento coherente para el contrato, basado en los derechos de propiedad, que pone en consonancia el intercambio económico con las instituciones jurídicas que sostienen la posesión y el control, y evita apoyarse en obligaciones jurídicas circulares o basadas en promesas.

I. Economía, derecho y teoría del contrato

La obra de Mises incluye tanto análisis económico o descriptivo como análisis normativo o prescriptivo, pero él tuvo cuidado de tratarlos por separado. (Kinsella 2023b, n45; 2021; Mises 1981, cap. 1, §1, p. 27) Por ejemplo, distinguió el concepto causal y descriptivo de “propiedad” o “control”, al que llamó propiedad sociológica o cataláctica, de la noción jurídica o normativa de los derechos legales de propiedad (Mises 1981, p. 27). Como escribió:

La propiedad significa el control pleno de los servicios que pueden obtenerse de un bien. Esta noción cataláctica de la propiedad y de los derechos de propiedad no debe confundirse con la definición jurídica de la propiedad y de los derechos de propiedad que establecen las leyes de los distintos países. La idea de legisladores y tribunales fue definir el concepto jurídico de propiedad de modo que el propietario gozara de la plena protección del aparato gubernamental de coerción y compulsión, y que nadie pudiera invadir sus derechos. En la medida en que este propósito se logró adecuadamente, el concepto jurídico de los derechos de propiedad correspondió al concepto cataláctico. (Mises 1998, pp. 678–79)

Mises distinguía así entre la posesión, o la capacidad de controlar o manejar (usar, emplear) un recurso, que es su “propiedad” cataláctica o sociológica, y la propiedad legal o jurídica, que es normativa.[1] Del mismo modo, Böhm-Bawerk (1962, p. 57) señaló que “la posesión legítima es algo distinto de la posesión física y algo que se añade a ella”. Esta distinción la reconocen desde hace mucho el derecho romano y los juristas.[2]

Para analizar nuestro mundo real y moderno, los economistas introducen supuestos adicionales tomados de la realidad, como la existencia de la sociedad, del dinero, del comercio, de los sistemas jurídicos y las leyes, y del propio Estado (Mises 2003, 1.I.6; Mises 1962, cap. 2, §5; Mises 1998, cap. 2, §10; Hoppe 2010, pp. 9–10, 142; Kinsella 2010b). Asimismo, para analizar las implicaciones o consecuencias de la intervención estatal, algunos análisis suponen diversas leyes estatales que “obstaculizan” los mercados libres (Mises 1998, parte 6; Rothbard 2009, cap. 12).

Además de suponer la existencia de otras personas (la sociedad), del libre comercio (el intercambio, la división y especialización del trabajo) y del dinero (la cataláctica), también se supone la presencia de ciertas instituciones jurídicas, a saber, los derechos de propiedad y el contrato. La propiedad legal, o los derechos de propiedad, pueden concebirse como los soportes institucionales jurídicos de la posesión y el control de los medios. El sistema jurídico refuerza o complementa la capacidad de los actores de usar y poseer recursos. Cuando el derecho logra asegurar los derechos de propiedad, entonces “el concepto jurídico de los derechos de propiedad correspond[e] al concepto cataláctico”. (Mises 1998, cap. XXIV, §4, p. 679) O, como explica Böhm-Bawerk (1962, p. 58), “los derechos legales tienen significación económica solo si encarnan un control físico, y en la medida en que lo hagan, o al menos si implican un medio de adquirir ese control”. Así, para Böhm-Bawerk, “la protección jurídica es solo complementaria del poder efectivo de disposición, y no hace más que ampliar el alcance de este” (Campan 1999, p. 24).

Del mismo modo, el derecho de contratos puede considerarse el análogo jurídico o el soporte normativo de la institución económica del intercambio (Kinsella, 19 de abril de 2025). En una sociedad con instituciones de derechos de propiedad (propiedad) y de derecho contractual que sostienen la posesión y el intercambio, el economista puede suponer su existencia y tenerlas en cuenta para lograr un análisis más útil.

La teoría de la empresa, por ejemplo, presupone contratos, entidades jurídicas como las sociedades anónimas y las sociedades de personas, clasificaciones estatales como “empleado” y “contratista independiente”, etcétera. Al analizar el fenómeno del préstamo o del crédito, el economista supone ciertas instituciones y leyes jurídicas normativas que sustentan esas prácticas. El economista supone que existen derechos de propiedad, derechos contractuales, un sistema jurídico que respalda todo ello y, presumiblemente, un Estado o alguna forma de sistema jurídico que proporciona esta infraestructura legal. No suele decirse con tanta claridad o de forma tan explícita, pero estos y otros presupuestos están al menos implícitos en buena parte del análisis económico.

Para un análisis económico sólido de nuestro mundo moderno es esencial comprender con claridad los derechos de propiedad y el derecho de contratos.

II. El enfoque convencional del derecho de contratos

A. Promesas y obligaciones jurídicas vinculantes

El derecho positivo reconoce diversas obligaciones o deberes jurídicos, como las obligaciones de respetar los derechos de propiedad ajenos, de pagar impuestos, de no cometer ilícitos civiles ni actuar con negligencia, etcétera. El incumplimiento de una obligación suele acarrear algún tipo de consecuencia (jurídica), castigo o remedio.

El derecho positivo considera el acuerdo contractual como una de las fuentes de obligación jurídica. Hoy en día, el derecho y la opinión dominante suelen concebir los “contratos” como obligaciones jurídicas vinculantes que resultan de ciertas promesas plasmadas en un acuerdo o contrato (Atiyah 1979, p. 139). A diferencia de los derechos reales, derechos in rem o derechos de propiedad, que son “oponibles a todo el mundo” (Yiannopoulos 2001, §§212–213) e imponen a los demás obligaciones (negativas) de respetar esos derechos de propiedad, las obligaciones que nacen de los contratos son derechos in personam que afectan solo a las partes del contrato, en concreto a quienes están vinculados entre sí por la relatividad del contrato (privity of contract). Si soy dueño de una casa, de un automóvil o de mi cuerpo, mis derechos de propiedad in rem sobre esas cosas imponen a los demás la obligación negativa de no invadirlas. Esta obligación negativa no resulta de un contrato o acuerdo. Las obligaciones que nacen de acuerdos vinculantes, o contratos, solo obligan a las partes del contrato.[3] La relación entre las partes de un contrato es como una ley privada que se aplica solo a ellas y no al mundo en general.

Como observa Randy Barnett: “Las cinco teorías o principios más conocidos de la obligación contractual, a saber, la teoría de la voluntad, la teoría de la confianza, la teoría de la equidad, la teoría de la eficiencia y la teoría de la negociación, adolecen cada uno de deficiencias muy básicas”. (Barnett 1986a, p. 269; véase también Barnett 1992, p. 1024 et seq.) La principal deficiencia de muchas teorías del contrato es que no está del todo claro por qué las promesas deberían ser vinculantes, es decir, dar lugar a obligaciones jurídicamente exigibles. Como señala Corbin (1963, p. 490, citado en Barnett 1986a, p. 269):

El mero hecho de que un hombre prometa algo a otro no crea ningún deber jurídico ni pone a disposición ningún remedio jurídico en caso de incumplimiento. Para ser exigible, la promesa debe ir acompañada de algún otro factor. … La cuestión que ahora debe discutirse es cuál es ese otro factor. ¿Qué hecho o hechos deben acompañar a una promesa para que sea exigible ante la ley?

Esta idea encuentra eco en Eisenberg (1982, p. 640), quien escribe: “Una promesa, como tal, no es jurídicamente exigible. La primera gran pregunta del derecho de contratos es, por tanto, qué clases de promesas deben hacerse cumplir”. Después de todo, “ningún sistema jurídico hace cumplir todas las promesas”, Barnett (2010, §4.2).

Las distintas teorías del contrato dan respuestas diferentes (Barnett 1992, 2010 §§4.2 y 4.4). La teoría de la confianza, por ejemplo, sostiene que el destinatario de la promesa confiará, “en su propio perjuicio”, en que el promitente cumplirá su promesa. Por lo tanto, el derecho obliga al promitente a cumplir, para no frustrar los intereses o expectativas de confianza del destinatario (Barnett 2010 §4.4). A esta concepción se la denomina a veces “confianza en perjuicio propio” (detrimental reliance) (véase también Kinsella 2023c, parte III.A, y Kinsella 2023a, parte I.E, donde se analizan el promissory estoppel y la confianza en perjuicio propio). Pero, como muchos han señalado, el argumento de que una promesa debe ser exigible porque otros han confiado en ella es circular. Ello se debe a que todas estas teorías y justificaciones insisten en que la confianza debe ser razonable para dar lugar a una obligación (véanse, p. ej., La. Civ. Code (2024), art. 1967; Gilmartin v. KVTV-Channel 13 1998). Sin embargo, si el sistema jurídico no hiciera cumplir las promesas, sería irrazonable confiar en ellas. “Esta circularidad ha sido descrita como una ‘paradoja secreta del common law’”. (Buckley 1988, p. 804, citando a Atiyah 1981, p. 38. Véanse también Barnett 1986a, pp. 315–316, Barnett y Becker 1987, p. 452, y Kinsella 2023a, parte I.E.) Si las promesas no dieran lugar a obligaciones contractuales, el destinatario de la promesa simplemente tendría que confiar en ella por su cuenta y riesgo, teniendo en cuenta la reputación del promitente, o recurrir a fianzas de cumplimiento (que se analizan más abajo).

En cualquier caso, las teorías predominantes del contrato conciben los contratos como obligaciones jurídicas vinculantes que resultan de promesas, por lo general acompañadas de ciertas formalidades. Por ejemplo, en el common law el destinatario de la promesa debe dar una consideration, es decir, una contraprestación. Esta doctrina ha recibido críticas considerables (Barnett 1986a, pp. 287–91, 1991, pp. 149–50, 2010, §4.2; Mason 1941, pp. 832–42; Epstein, 17 de septiembre de 2019, del minuto 3:30 al 4:00). Algunos sostienen que no tiene sentido exigir que el destinatario de la promesa pague algo al promitente, aunque sea muy poco, para que la promesa sea vinculante (Evers 1977, p. 4; Rothbard 1998b, 147–48 n.18; Kinsella 2023a, parte I.D). En cambio, el derecho civil no exige consideration y sostiene que los contratos válidos solo deben tener una causa lícita (La. Civ. Code (2024), arts. 1966–1970; Levasseur 2010, cap. 5; Litvinoff 1987).

B. Obligaciones de hacer, obligaciones de dar y cumplimiento específico

Las teorías convencionales del contrato son, pues, problemáticas y en cierta medida incoherentes. Esto puede apreciarse al considerar cómo trata el cumplimiento específico la concepción del contrato como promesa vinculante.

Según el Restatement (Second) of Contracts (1981, sección 1), “un contrato es una promesa, o un conjunto de promesas, a cuyo incumplimiento el derecho otorga un remedio, o cuyo cumplimiento el derecho reconoce de algún modo como un deber”. “En esencia, un contrato es una promesa exigible” (Barnett 2010, I.6). En efecto, “en la teoría contractual dominante predomina la concepción del ‘contrato como promesa’” (Barnett 1992, p. 1025).

Los sistemas de derecho civil son similares en este aspecto:

Según los sistemas de derecho civil, un contrato es un acuerdo por el cual una parte queda obligada frente a otra. … El Código Civil de Luisiana define el contrato como un acuerdo entre partes que crea, modifica o extingue una obligación. El Código Civil francés contiene una definición similar: un contrato es un acuerdo (convention) que obliga a una parte frente a otra a dar, hacer o no hacer algo. (Larroumet 1986, p. 1209)

Las obligaciones que surgen de ciertas promesas pueden clasificarse en obligaciones de hacer (pintar su casa), de no hacer (abstenerse de beber; no trabajar para un competidor) o de dar (venderle mi casa o mi caballo). (Véanse La. Civ. Code (2024), arts. 1756, 1986, 1987, 2931, 663; La. Code Civ. Proc. (2024), arts. 3601, 3603; Tannenbaum 1954; Levasseur 2009, §1.2; Levasseur 2010, §8.2.1; Kinsella 2023a, p. 208)

El incumplimiento de una obligación contractual se considera un incumplimiento de contrato que da lugar a un remedio. ¿Pero qué remedio? En el caso de una obligación de dar algo, el derecho puede hacer cumplir la obligación prometida de dar reconociendo al destinatario de la promesa como nuevo dueño de la cosa transferida. De este modo, el derecho de contratos está inserto en el derecho de propiedad o es una aplicación de este. ¿Pero qué ocurre con las obligaciones de hacer algo, es decir, de realizar alguna acción? ¿Ordenará el tribunal lo que se denomina cumplimiento específico, obligando al promitente a realizar ciertos actos? Si el tribunal puede hacer cumplir una obligación de dar, ¿por qué no puede hacer cumplir una promesa de hacer algo ordenando u obligando al promitente a cumplir? Después de todo, el derecho positivo hace cumplir a menudo otros deberes u obligaciones jurídicas por la fuerza, por ejemplo encarcelando a quien comete un homicidio o evade impuestos.

Y, sin embargo, los tribunales por lo general no imponen el cumplimiento específico de las obligaciones contractuales de hacer algo, de realizar una acción. El argumento habitual es que al tribunal le resultaría demasiado difícil vigilar la prestación y asegurarse de que se cumpla adecuadamente. En su lugar, los tribunales suelen conceder una indemnización monetaria por daños para compensar al destinatario de la promesa o acreedor por el “incumplimiento” del contrato. (Restatement of Contracts, 1932, §379; Tannenbaum 1954) Otra razón por la que los tribunales estadounidenses se mostrarían reacios a ordenar el cumplimiento específico es que obligar a alguien a prestar un servicio personal tiene visos de servidumbre involuntaria (Kronman 1978, p. 376) y probablemente viola la Decimotercera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (Bosch 1969, p. 42; Bailey v. State of Alabama 1911). (La teoría del consentimiento de Barnett sostiene igualmente que no prestar un servicio personal prometido solo da lugar al pago de daños. Véanse Barnett 1986b, pp. 180, 190–91, 197–98; 1987, p. 1993; y 1991, pp. 159, 162, 171.)

Así, en la práctica, todas las obligaciones contractuales se reducen en realidad a una obligación de dar, es decir, de transferir el título sobre alguna cosa poseída en propiedad. El derecho positivo de contratos, aunque formulado en el lenguaje de las obligaciones, las promesas vinculantes, el incumplimiento de contrato, las obligaciones “de hacer”, etcétera, en definitiva equivale simplemente a un sistema de transferencia de títulos sobre recursos poseídos, por lo general dinero o, en algunos casos, el título sobre algún bien único como un terreno o un cuadro.[4] Los contratos son simplemente, en la práctica, medios de transferir títulos sobre recursos poseídos; las promesas no son realmente vinculantes después de todo, ni siquiera en el derecho positivo, pues, como se señaló, no hay cumplimiento específico; toda supuesta “obligación vinculante” desemboca simplemente en una transferencia de título sobre recursos poseídos. Y, sin embargo, la institución de la contratación goza de buena salud.

III. La teoría del contrato como transferencia de títulos

Williamson Evers (1977), en el primer artículo del primer número del Journal of Libertarian Studies, y Murray Rothbard (1998b), en un capítulo publicado por primera vez en su libro de 1982 The Ethics of Liberty (1998), pusieron en tela de juicio la concepción convencional del contrato como “promesa vinculante”. Defendieron, en cambio, una teoría de la transferencia de títulos, según la cual los contratos se conciben simplemente como modos de transferir el título que un propietario (el transmitente) tiene sobre algún bien o recurso de su propiedad a un destinatario (el adquirente), que pasa a ser el nuevo dueño.[5] Después de todo, como se señaló antes, este es en realidad el resultado final del sistema vigente de derecho contractual, ya que los tribunales de todos modos no imponen el cumplimiento específico. ¿Por qué no ser directos y claros al respecto?

Otros estudiosos han señalado que los contratos pueden concebirse como transferencias de títulos en lugar de promesas vinculantes. “En los Commentaries de Blackstone, … el contrato y la sucesión se tratan ambos como medios por los cuales se transfiere el título de propiedad”. (Atiyah 1979, p. 89; énfasis añadido; véanse también las pp. 102–103) Horwitz (1977, p. 162) señala que:

todavía en el siglo XVIII el derecho de contratos estaba dominado por una teoría del intercambio basada en el título …

A los ojos modernos, el rasgo más distintivo del derecho contractual del siglo XVIII es la subordinación del contrato al derecho de propiedad. En los Commentaries de Blackstone, el contrato aparece por primera vez en el Libro II, dedicado íntegramente al derecho de propiedad. El contrato se clasifica, junto con materias como la sucesión hereditaria, la compra y la ocupación, como uno de los muchos modos de transferir el título sobre una cosa determinada. …

Como consecuencia de la subordinación del contrato a la propiedad, los juristas del siglo XVIII adoptaron una teoría del intercambio contractual basada en el título, según la cual un contrato servía para transferir el título sobre la cosa determinada objeto del contrato. Así, Blackstone escribió que, cuando un vendedor no entrega las mercancías en virtud de un contrato de ejecución diferida, “el comprador puede apoderarse de las mercancías, o tener una acción contra el vendedor por retenerlas”. De manera similar, en el primer tratado inglés sobre contratos, Powell describió el remedio por la falta de entrega de acciones en virtud de un contrato de ejecución diferida como un remedio de cumplimiento específico.

Evers (1977, p. 7) señala que: “[Lysander] Spooner y otros filósofos del derecho, como Immanuel Kant, han construido teorías del derecho de contratos basadas en los títulos de propiedad y no en la promesa”. Y como observa Barnett (1986a, p. 292):

No es nuevo concebir el derecho de contratos como parte de una teoría más general de los títulos individuales que especifica cómo pueden adquirirse legítimamente los recursos (derecho de propiedad), cómo pueden usarse (derecho de daños) y cómo pueden transferirse (derecho de contratos).

Es hora de descartar las teorías del contrato basadas en la promesa, de rechazar la noción de promesas vinculantes y de incumplimiento contractual, y de desarrollar una teoría mejorada del contrato como transferencia de títulos (TTTC), según la cual los contratos no se conciben como promesas vinculantes sino como transferencias consensuales de títulos sobre recursos poseídos en propiedad (véase también Evers 1978, p. 5).

IV. Algunas implicaciones de la TTTC

A. Incumplimiento contractual, “daños” y fianzas de cumplimiento

Es importante señalar que la TTTC implica que no existe tal cosa como el incumplimiento contractual, ya que, desde esta perspectiva, los contratos no son promesas exigibles o vinculantes sino meras transferencias de títulos, ya sean gratuitas e incondicionales, o intercambios de títulos mutuos y condicionales relacionados entre sí, o transferencias de títulos unilaterales condicionadas a la prestación de un servicio o a alguna otra condición.[6] Levasseur y Gruning (2015, §2.3.4 et pass.) El contrato (la transferencia de título, o el conjunto de transferencias de títulos relacionadas) podría especificar el pago de “daños” monetarios si una de las partes no realiza determinada acción, una denominada “fianza de cumplimiento” (performance bond), pero esto no es más que otra transferencia de título. (Evers 1977, p. 6; Rothbard 1998b, pp. 138–39; Rothbard 2009, cap. 2, §13, pp. 177–79; véanse también Barnett 1986b, pp. 180, 190–91, 197–98; 1987, p. 1993; y 1991, pp. 159, 162, 171) El concepto de “incumplimiento eficiente” (efficient breach) de los estudiosos del análisis económico del derecho también reconoce, en efecto, que el concepto de “incumplimiento” del contrato tiene poco sentido; desde esta perspectiva, no realizar una acción especificada simplemente desencadena el pago de una suma de dinero, o “daños”. (Eisenberg 2005, pp. 977–78 et pass.)

Estas transferencias condicionales de títulos, o fianzas de cumplimiento, también podrían emplearse para asegurar que la falta de pago de un préstamo por parte del deudor no lo libere de responsabilidad si resulta ser insolvente en la fecha de vencimiento. La mayoría de los contratos de préstamo incluirían transferencias condicionales de títulos de respaldo (implícitas o explícitas), como: “si el deudor no puede pagar 1100 dólares en la fecha de vencimiento, por la presente transfiere 1100 dólares más intereses en el momento en que adquiera fondos o bienes suficientes”. Sin embargo, la falta de pago en la fecha de vencimiento, o en fechas de vencimiento posteriores, no es en sí misma una forma de robo, como explico más abajo.

Además de especificar transferencias condicionales de títulos de respaldo para el caso de que el deudor sea insolvente en la fecha de vencimiento, pueden emplearse otras transferencias condicionales de títulos. Por ejemplo, algunos préstamos simples pueden permitir que el deudor use el dinero prestado para cualquier fin, pero otros pueden permitir solo ciertos usos especificados, como remodelar un restaurante. En este caso, el contrato de préstamo podría estructurarse de modo que contenga transferencias condicionales de títulos en virtud de las cuales el título sobre los fondos prestados vuelve a transferirse al acreedor en el momento en que el deudor intenta gastar los fondos de una manera no permitida, como en el juego. Si el prestatario intenta gastar los 1000 dólares en billetes de lotería, por ejemplo, el título vuelve instantáneamente al acreedor. En ese momento, el deudor simplemente está en posesión de dinero que ahora pertenece (de nuevo) al acreedor, y debe devolverlo y no gastarlo. Si en ese momento el (antiguo) deudor compra billetes de lotería, en realidad está robando el dinero del acreedor: no los futuros 1100 dólares que aún no son exigibles, sino los 1000 dólares que el deudor tiene en su poder pero que ahora pertenecen al acreedor por haberse activado la cláusula de transferencia condicional de título del contrato. Obsérvese que se trata de un caso de robo real, no del “robo implícito” de Rothbard que se analiza más abajo.

B. La consideration y las transferencias gratuitas

Con la TTTC podemos prescindir de la doctrina de la consideration, inútilmente formalista, y reconocer sin dificultad la validez de las transferencias gratuitas (donaciones), tal como hacen los sistemas de derecho civil.[7] (Véanse, p. ej., La. Civ. Code (2024), arts. 1468 y 1910; Levasseur 2010, cap. 1, art. 2) Todo contrato es, en última instancia, una transferencia de propiedad y no necesita estar respaldado por una consideration ni formar parte de un intercambio, aunque muchos contratos impliquen intercambios de títulos mutuos y condicionales.

C. El fraude

Otra ventaja de la TTTC es que ayuda a aclarar por qué el fraude debe considerarse un delito, en términos libertarios, un tipo de agresión. Los libertarios se oponen “no solo al inicio de la fuerza contra la persona de otro (la autopropiedad), sino también … contra la propiedad de otro, o a las amenazas de hacerlo, o al fraude”. (Kinsella 2023a, parte III.E, énfasis añadido) El fraude se considera un tipo de agresión porque “implica apropiarse de la propiedad ajena sin el consentimiento de su dueño”. (Rothbard 1998d, p. 77) He explicado en otro lugar por qué la invasión de la propiedad ajena y las amenazas son tipos de agresión (Kinsella 2023d, partes III.F y IV.F). Pero ¿por qué exactamente el fraude es un tipo de agresión?

Para el libertarismo, agresión significa simplemente el uso de la propiedad de alguien sin su consentimiento, es decir, la invasión o el robo. En la TTTC, cuando se intercambian títulos contractualmente, las transferencias suelen estar sujetas a condiciones, según lo que entiendan las partes, su “encuentro de voluntades” (meeting of the minds). Las condiciones especificadas se comunican mediante el lenguaje, que se nutre de la costumbre y del contexto. Para que alguien diga “sí” o “no” a un uso de su cuerpo o de su propiedad, o consienta en transferir el título sobre un recurso, la comunicación debe ser posible (Kinsella 2023a, partes II.A y III.A; Kinsella 2023e, pp. 289–92).

Ahora bien, cuando hay un intercambio de títulos mutuo y bilateral, cada parte transfiere la propiedad de su bien solo si se cumplen ciertas condiciones, como la naturaleza y las cualidades del bien de la otra parte, según lo especificado en las comunicaciones de las partes entre sí: el contrato. Supongamos, por ejemplo, que A quiere vender sus manzanas a B a cambio de los plátanos de B. En este caso, cada transferencia queda sujeta a que se den ciertas condiciones, por ejemplo, que las manzanas sean manzanas frescas y auténticas. El título sobre los plátanos de B se transfiere a A solo si se cumple esta condición. Si A, a sabiendas, entrega manzanas podridas a B y huye con los plátanos, ahora está en posesión de bienes robados, ya que el consentimiento de B estaba condicionado a que A le entregara manzanas buenas y auténticas, actuara de buena fe, etcétera.[8] Como señalo en Kinsella (2023a, p. 238), “esto se asemeja a la noción jurídica de hurto mediante engaño (larceny by trick)”. (Nota: este caso no es comparable al de un deudor que no puede pagar su deuda más adelante, pues no poder pagar no implica ningún engaño; además, ser insolvente es un estado, no una acción.)

En suma, la TTTC, combinada con una comprensión libertaria de los derechos de propiedad, explica por qué puede prohibirse el fraude y por qué es un tipo de agresión: porque el defraudador usa un recurso que pertenece a la parte defraudada sin su consentimiento.

V. Derechos de propiedad y transferencia contractual de títulos

¿Por qué puede el propietario acordar transferencias de títulos? Porque “[e]l derecho de propiedad implica el derecho a celebrar contratos sobre esa propiedad: a regalarla o a intercambiar títulos de propiedad por la propiedad de otra persona”. (Rothbard 1998b, p. 133)

Este derecho de propiedad, este derecho de dominio, basta para explicar por qué el dueño de una cosa puede, mediante su consentimiento, transferirla a otro. Como la propiedad es esencialmente el derecho de excluir (Kinsella 2023b, apénd. I; 2023a, p. 204 n.1), el dueño de un recurso tiene derecho a permitir que otros lo usen o a excluirlos de su uso. Este derecho de excluir es un atributo de la propiedad; es lo que significa ser dueño de algo.

La concesión del consentimiento o permiso de uso puede ser temporal, como cuando se invita a un comensal a cenar en casa o se permite a un amigo tomar prestado el automóvil, en cuyo caso el dueño conserva la propiedad y finalmente recupera la posesión, o puede ser permanente, en cuyo caso el título se transfiere. En efecto, una transferencia de título es un modo de abandonar la propiedad de una cosa en favor del adquirente.[9] Así, el derecho de excluir (los derechos de propiedad, la propiedad) implica el derecho de transferir (el contrato). El derecho a contratar, a transferir títulos, es simplemente una implicación del derecho de propiedad, que es más fundamental.

Una transferencia de título puede hacerse de forma incondicional, como en el caso de una donación; o puede quedar condicionada a algún acontecimiento futuro (como la prestación de un servicio por la parte a la que se ha de pagar), a alguna condición o a una transferencia de título recíproca (presente o futura). Puede ser simple o puede ser complicada.

Una vez transferido el título, el (nuevo) dueño puede recuperar la posesión de su bien recurriendo al derecho de propiedad, si es necesario. Por ejemplo, si el bien está en manos del dueño anterior y este se niega a permitir que el nuevo dueño lo tome, se trata de un robo real (no de un robo implícito, que se analiza en la sección siguiente). Así, un contrato puede cambiar al dueño de un recurso, momento a partir del cual el nuevo dueño puede valerse de los derechos de propiedad para hacer valer su dominio.

VI. El robo implícito

En su crítica de las teorías anteriores del contrato, Rothbard (1998b, p. 141) y Evers (1977, p. 6) sostienen que una “mera promesa”, llamada nudum pactum en el derecho romano, no es exigible, pero que un acuerdo para transferir recursos mediante contrato debería serlo. Como se señaló en la sección anterior, el derecho y la capacidad de transferir recursos se explican plenamente por los derechos inherentes a la propiedad.

Sin embargo, Rothbard introduce el confuso concepto de “robo implícito” para intentar explicar por qué los contratos son exigibles y las meras promesas no lo son (Evers no lo hace). Como escribe:

el derecho a contratar se deriva estrictamente del derecho de propiedad privada, y por lo tanto … los únicos contratos exigibles … deberían ser aquellos en los que el incumplimiento de una de las partes implique el robo de bienes de la otra parte. En suma, un contrato solo debería ser exigible cuando no cumplirlo constituya un robo implícito de propiedad. Pero esto solo puede ser cierto si sostenemos que los contratos válidamente exigibles solo existen cuando el título sobre los bienes ya se ha transferido y, por lo tanto, cuando no atenerse al contrato significa que la parte morosa retiene la propiedad de la otra parte sin el consentimiento de esta (robo implícito). (Rothbard 1998b, p. 133)

Pero, como se señaló antes, el derecho o la capacidad de contratar no es más que una implicación de la propiedad o de los derechos de propiedad. Los contratos no son exigibles porque “el incumplimiento sea un robo implícito”; y el incumplimiento no siempre implica un robo. El concepto de robo implícito es confuso y no hace falta para explicar las transferencias contractuales de títulos. No existe tal cosa como el robo implícito, y Rothbard nunca llega a definir ni a justificar plenamente este concepto.

Es cierto que puede haber contratos implícitos o cláusulas implícitas en un contrato, ya que los contratos se forman mediante algún tipo de comunicación entre las partes y el lenguaje depende mucho del contexto. Si me siento en un restaurante, existe el entendimiento implícito de que he aceptado pagar la comida después; en efecto, he declarado: “Por la presente le transfiero un pago futuro al terminar mi comida”. Pero no existe tal cosa como el “robo implícito”. Robar significa tomar la propiedad de otra persona sin su consentimiento.

Un problema de la noción de robo implícito es que, obviamente, una cosa inexistente no puede ser poseída en propiedad, transferida ni robada. Rothbard ha perdido de vista que toda transferencia de título futura (un contrato de ejecución diferida) es siempre, necesariamente, condicional. Ello se debe a que el futuro es incierto, como el propio Rothbard (2009, p. 7) reconoció en otro lugar:

Otra implicación fundamental que se deriva de la existencia de la acción humana es la incertidumbre del futuro. Esto tiene que ser cierto, porque lo contrario negaría por completo la posibilidad de actuar. Si el hombre conociera completamente los acontecimientos futuros, nunca actuaría, ya que ningún acto suyo podría cambiar la situación. Así, el hecho de la acción significa que el futuro es incierto para los actores.

Además, los fondos presentes transferidos ahora, como en un préstamo, son distintos de la suma futura que ha de devolverse. Ello se debe a que el dinero prestado está destinado a ser gastado, o usado, por el prestatario. Como explica Huerta de Soto (2020, cap. 3, §2, p. 119, énfasis añadido): “un préstamo implica la transferencia no solo de la propiedad del bien prestado, sino de su plena disponibilidad, y por lo tanto el prestatario puede hacer pleno uso de él, invirtiéndolo, gastándolo, etc.”.[10] Así, en un préstamo hay dos transferencias de título separadas: dinero presente y cierto transferido ahora (digamos, 1000 dólares) y una transferencia futura e incierta de una suma distinta (digamos, 1100 dólares). No pagar 1100 dólares en el futuro no es un robo de los 1000 dólares prestados en el pasado; y si el deudor es insolvente y no posee 1100 dólares en el futuro, no hay nada que robar. La teoría rothbardiana del robo implícito debe rechazarse por inviable y defectuosa. Afortunadamente, la TTTC no necesita apoyarse en el concepto confuso y defectuoso de robo implícito para sustentar el derecho de los propietarios a realizar transferencias contractuales de títulos.[11]

A. El robo implícito y la prisión por deudas

Al evitar la noción innecesaria y defectuosa de robo implícito, podemos evitar una dificultad en la que se encuentra Rothbard. Rothbard (1998b, pp. 134–36) sostiene con razón que los contratos de esclavitud voluntaria no son exigibles. Como observa, incluso después de celebrar un contrato de esclavitud voluntaria, el aspirante a esclavo conserva su voluntad, que es inalienable. Ello se debe a que el hombre “descubre el hecho natural del dominio de su mente sobre su cuerpo y sus acciones, es decir, de su propiedad natural sobre sí mismo” (Rothbard 1998e, p. 31), esto es, sobre su cuerpo. Hasta aquí, todo bien. Esto se asemeja a mi propio argumento a favor de la inalienabilidad (basado en Hoppe), según el cual la propiedad del propio cuerpo no deriva de la apropiación originaria (homesteading) de una cosa sin dueño (como ocurre con los recursos externos), sino del control directo sobre el propio cuerpo (Kinsella 2023a, parte III.B; Kinsella 2023c, pp. 52–53; Hoppe 2023, p. xvii). Un contrato para vender el propio cuerpo no es exigible porque hacerlo cumplir sería un acto de agresión contra el aspirante a esclavo, ya que este no ha cometido él mismo ningún acto de agresión que justifique el uso de la fuerza (en represalia) contra su cuerpo. (Véase también Barnett 1991.)

En cambio, las personas llegan a ser dueñas de recursos escasos que antes no tenían dueño mediante la apropiación originaria, o mediante una transferencia contractual de título de un dueño anterior. Todos estos recursos antes sin dueño fueron adquiridos, ya sea por apropiación originaria o por transferencia contractual de un dueño anterior. Estas cosas poseídas también pueden “des-adquirirse” o abandonarse, ya sea lisa y llanamente o “en favor de” otra persona. (Kinsella 2023a, parte III.A).[12] Precisamente por eso las cosas poseídas en propiedad pueden venderse o regalarse, es decir, transferirse, mediante contrato. El propio cuerpo, en cambio, no puede venderse, ya que, como observó acertadamente Rothbard, la voluntad propia es inalienable y, por lo tanto, el cuerpo no puede enajenarse por contrato.

Sin embargo, el argumento rothbardiano del “robo implícito” implicaría que una persona puede, en efecto, venderse a sí misma como esclava. Ello se debe a que, si un deudor moroso ha cometido un robo implícito, un acto de agresión, al “robar” la cosa futura inexistente que no puede entregar al acreedor, entonces puede ser castigado (Rothbard 1998c). De hecho, Rothbard admite que, en principio, la prisión por deudas resulta así justificable (Rothbard 1998b, pp. 143–44).[13] Pero esto no es más que una forma de contrato de esclavitud voluntaria, al que Rothbard (1998b, pp. 134–35) ya se ha opuesto. (De hecho, Walter Block se vale de los argumentos de Rothbard sobre el robo implícito y la prisión por deudas para sostener que, según la TTTC, los contratos de esclavitud voluntaria sí son exigibles. Véanse Block (2003); Kinsella (2023f).) Así, las posturas de Rothbard se contradicen en este punto.

Rothbard intenta zafarse de este dilema argumentando que encarcelar a un deudor moroso sería un castigo desproporcionado, pero se trata claramente de un argumento de relleno. Rothbard no puede sostener, por un lado, que los contratos de esclavitud voluntaria no son exigibles porque la voluntad es inalienable y, por otro, que alguien puede ser encarcelado a causa de una promesa contractual que trata un acto inexistente y ficticio de “robo implícito” como si fuera un robo real. Sin embargo, si abandonamos la idea de que quienes incumplen un contrato son “ladrones implícitos”, el problema desaparece, la oposición de Rothbard a los contratos de esclavitud voluntaria vuelve a tener sentido y su teoría del contrato se vuelve más coherente (y el recurso de Block a la TTTC para defender los contratos de esclavitud se derrumba).[14]

VII. Conclusión

Las teorías convencionales del contrato resultan insatisfactorias porque no logran explicar por qué las promesas deberían ser vinculantes. Las teorías basadas en la confianza fracasan, por ejemplo, porque son circulares (porque la confianza, para justificar que se haga cumplir una promesa, debe ser razonable, pero la confianza solo es razonable si se sabe que las promesas serán vinculantes o exigibles). Y el derecho de contratos parte de la premisa de que los contratos son vinculantes, aunque el cumplimiento específico no esté disponible como remedio. Esto significa que todas las obligaciones contractuales no son en realidad más que modos de transferir la propiedad de cosas poseídas.

La teoría del contrato como transferencia de títulos sostiene que los contratos se refieren a la transferencia de títulos de propiedad y no a promesas u obligaciones. Un contrato válido supone una transferencia consensual de derechos de propiedad entre las partes. Esto distingue los acuerdos exigibles de las meras promesas, ya que solo las violaciones de derechos de propiedad están sujetas a ejecución jurídica. La TTTC subraya que el núcleo de los acuerdos contractuales reside en la transferencia jurídica del control sobre los recursos. Este enfoque vincula los conceptos descriptivos y económicos de posesión e intercambio con los conceptos jurídicos de propiedad o derechos de propiedad y de transferencia contractual de títulos.

La TTTC reconoce que los propietarios tienen derecho a transmitir sus recursos mediante su consentimiento, derecho arraigado en sus derechos de propiedad de exclusión, sin invocar argumentos problemáticos basados en la confianza ni concebir las promesas como generadoras de obligaciones jurídicamente vinculantes. No requiere consideration, ya que los propietarios son libres de transferir sus bienes a otros por cualquier razón, gratuita o no. Permite así los contratos gratuitos sin inventar doctrinas arcanas ni formalidades gravosas. Ofrece, además, una teoría del contrato conceptualmente más elegante, arraigada en los derechos de propiedad, que puede proporcionar “daños” cuando una de las partes no realiza una acción prometida, de manera similar a los sistemas jurídicos modernos. Elimina el concepto de incumplimiento contractual, con lo que evita la necesidad de la teoría del “incumplimiento eficiente del contrato” de los estudiosos del análisis económico del derecho.

Esta concepción del contrato resuelve también los problemas de los contratos de esclavitud voluntaria y de la prisión por deudas, y evita argumentos rebuscados a favor de la inalienabilidad. El marco aquí presentado ofrece asimismo una justificación para prohibir el fraude.

Las investigaciones futuras que desarrollen esta teoría podrían consistir en determinar en qué medida este enfoque es compatible con la teoría del consentimiento del contrato de Barnett (1986a).[15] Además, los estudiosos podrían identificar aspectos del derecho contractual convencional que parecen injustificados a la luz de la TTTC. La concepción del fraude expuesta aquí a la luz de la TTTC podría servir para examinar diversas acusaciones de “fraude” formuladas por los defensores de la propiedad intelectual (que a veces sostienen que los actos de copia son “fraudulentos” y que, por ello, las leyes de patentes y de derechos de autor están justificadas; véase Kinsella (2009; 2016)) y por los opositores a la banca de reserva fraccionaria (que se oponen a ella por razones de economía austriaca pero que también sostienen que esta práctica es intrínsecamente fraudulenta; véanse Rothbard (2008, pp. 93, 97, 99, 290 et pass.), Hoppe (2006), Hoppe, Hülsmann y Block (2006, pp. 207–34), Huerta de Soto (2020, pp. 9, 31, 155, 749, 753), Hülsmann (2002/2003)). Por último, podría trabajarse en identificar aspectos del derecho de propiedad y del derecho de contratos difíciles de explicar o justificar con el enfoque estándar pero que podrían explicarse con la TTTC, como las servidumbres y restricciones convencionales (restrictive covenants), los regímenes de copropiedad, los fideicomisos, las sociedades anónimas y las sociedades de personas, etcétera.

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[*] Center for the Study of Innovative Freedom, Houston, TX, EE. UU. Stephan Kinsella es un escritor libertario y abogado de Houston, Texas. Antiguo socio de Duane Morris, LLP, entre sus publicaciones figuran Legal Foundations of a Free Society (Houston, Texas: Papinian Press, 2023), Against Intellectual Property (Auburn, Ala.: Mises Institute, 2008), International Investment, Political Risk, and Dispute Resolution: A Practitioner’s Guide, 2.ª ed. (Oxford University Press, 2020), y Online Contract Formation (Oxford University Press, 2004). Kinsella (2023a) contiene una exposición más detallada de algunas de las cuestiones aquí tratadas, aunque este capítulo incluye argumentos adicionales que allí no se formulan explícitamente. El autor agradece a Alessandro Fusillo, Łukasz Dominiak y, especialmente, a David Howden sus útiles comentarios, y a Greg Morin y Gael Campan sus útiles correcciones. Por la presente concedo una licencia CC BY Atribución 4.0 Internacional sobre esta obra.

[1] La terminología de Mises puede confundir al lector porque usa la palabra propiedad (ownership) para referirse tanto a la propiedad legal como a la propiedad cataláctica o sociológica, que en realidad significa posesión. Llamar propiedad a la posesión implica que la posesión o el control es una forma de derecho de propiedad o de dominio; para complicar más las cosas, existe en el derecho un “derecho a poseer” que es distinto tanto de la propiedad como de la posesión; véanse La. Civ. Code (2024), arts. 3421–3423, 3425, 3431, 3440, 3444; La. Code Civ. Proc. (2024), art. 3660 et pass.; Yiannopoulos (1991, p. 524); también Hausmaninger y Gamauf (2012, p. 97). Sería mejor reservar el término propiedad para los derechos legales y usar términos como posesión o dominio fáctico para referirse al control efectivo de un actor sobre un recurso. Véanse los comentarios de Yiannopoulos sobre la importancia de la precisión al tratar los derechos de propiedad en Kinsella (2023b, apénd. I) y en Yiannopoulos (1991, p. 524).

[2] “Los juristas romanos distinguían entre la posesión (possessio), que significa el control efectivo sobre una cosa, y la propiedad (dominium, proprietas) como derecho jurídico sobre la cosa: ‘La propiedad y la posesión no tienen nada en común’ (Ulpiano); ‘[La posesión] es propiamente una cuestión de hecho, no de derecho’ (Ofilio y Nerva hijo)”. Hausmaninger y Gamauf (2012, p. 1; se omiten las notas). Véanse también du Plessis (2020, §6.5); Justiniano (1985, 41.2.12.1); Kinsella (2023b, apénd. I); Yiannopoulos (1991, pp. 523–24).

[3] Esta es una de las razones por las que los derechos de propiedad intelectual, que son derechos in rem o reales, no pueden generarse a partir de acuerdos contractuales. Los contratos afectan solo a las partes, pero los derechos de PI tienen que ser in rem y afectar a quienes no son parte del contrato. Se supone que los derechos de PI afectan a todo el mundo, como los demás derechos de propiedad. Véase Kinsella (2008, la sección “Contract vs. Reserved Rights”, y 2023g, n. 46).

[4] Cuando el promitente no entrega un bien único, como un inmueble o un cuadro, en lugar de conceder una indemnización monetaria por el incumplimiento, el tribunal puede atribuir la propiedad del objeto prometido al destinatario de la promesa. A esto se lo denomina en derecho, de manera confusa, “cumplimiento específico” (specific performance). (Véase la cita extensa de Horwitz más abajo sobre la ejecución de un contrato de ejecución diferida, es decir, una transferencia futura y condicional (Evers 1977, n. 11), de entrega de acciones, que se hace cumplir mediante el cumplimiento específico, por ejemplo. Véase también Levasseur 2010, §8.2.1.) Sin embargo, hacer cumplir una obligación de dar no debería considerarse cumplimiento específico en absoluto; ese término debería reservarse para obligar al promitente-deudor a realizar ciertas acciones, a hacer algo. Ordenar al promitente que entregue un terreno, un cuadro u otro bien único no es distinto de ordenarle que entregue una suma de dinero. Tal decisión simplemente reconoce que el destinatario de la promesa es el legítimo dueño del dinero, del cuadro o del terreno y que tiene derecho a su posesión según el derecho de propiedad. Esta es otra ilustración de que el derecho de contratos no es más que una aplicación de la categoría, más fundamental, del derecho de propiedad, y se basa en ella.

[5] Rothbard ya había sugerido algo en este sentido en su tratado de 1962 Man, Economy, and State (2009, cap. 2, §13, pp. 177–79) y más tarde en un artículo publicado por primera vez en 1974 (Rothbard 2011, p. 347), pero este enfoque no se desarrolló plenamente hasta Evers (1977). Véase Kinsella (2010a), donde se analiza el origen de la TTTC.

[6] Un contrato de servicios o de trabajo implica solo una transferencia de título: la del dinero del empleador al empleado, condicionada a que este realice ciertas acciones. Véase Kinsella (2023f, texto en la nota 37 y texto en las notas 40–43). Sobre la venta de una esperanza como objeto de un contrato de compraventa, véanse La. Civ. Code, arts. 2451, 1912, 2450 y 1767; Levasseur y Gruning (2015, §2.3.4).

[7] La teoría del consentimiento del contrato de Barnett también prescinde de la necesidad de la consideration. Barnett (1986a, pp. 311–12; 1991, pp. 149–50; 1987, p. 1979).

[8] Sobre la buena fe en materia contractual, véanse La. Civ. Code (2024), art. 1759: “La buena fe regirá la conducta del deudor y del acreedor en todo lo que concierna a la obligación”, y art. 1983: “Los contratos deben cumplirse de buena fe”. Véanse también Levasseur (2020, ¶¶ 39–43; 2010, §8.1.2) y Litvinoff (2001, §1.8).

[9] Se analiza con más detalle en la sección “El robo implícito y la prisión por deudas”, más abajo. Penner parece tener una teoría de la transferencia contractual de títulos, basada en el abandono, la licencia y la posesión, similar a la mía. Véase Penner 1997, pp. 79–85, et pass., en particular las pp. 84–85.

[10] Véanse también Huerta de Soto (2020, cap. 1, §2, p. 3); La. Civ. Code (2024), art. 2905; du Plessis (2020, p. 186). Sobre la distinción en el derecho romano entre el préstamo de consumo (mutuum) y el préstamo de uso (commodatum), véanse Huerta de Soto (2020, cap. 1, §1); La. Civ. Code (2024), arts. 2891 y 2904.

[11] Curiosamente, en otro lugar Rothbard (2009, cap. 10, §7) vuelve a emplear el concepto de “robo implícito” al criticar el derecho de patentes: “Las patentes impiden a un hombre usar su invento aunque toda la propiedad sea suya y no haya robado el invento, ni explícita ni implícitamente, al primer inventor”. Los “inventos” no son recursos escasos susceptibles de propiedad (son diseños, recetas, procesos, no objetos físicos), por lo que no pueden “poseerse en propiedad” y, en consecuencia, no pueden ser robados, de modo que este razonamiento es algo confuso y, en cualquier caso, el concepto de “robo implícito” carece de sentido. La confusión de Rothbard en esta cuestión también lo llevó a apoyar un tipo de patente (y de derecho de autor) por contrato. Véanse Kinsella (2008, la sección “Contract vs. Reserved Rights”, y 2023g, n. 46) y la nota 3, más arriba.

[12] Véase también Justiniano 1985, 41.7.5 y 41.7.5.1 (énfasis añadido en el segundo párrafo):

POMPONIO, Sabino, libro 32: Supongamos que posees algo como abandonado y yo, sabiendo que es así, te lo compro; es derecho asentado que lo usucapiré, y no es obstáculo para ello que la cosa no forme parte de tu patrimonio; pues el derecho sería el mismo si te comprara una cosa que te dio tu esposa, porque hiciste la venta, por así decirlo, por voluntad y con el consentimiento del dueño.

1. Lo que alguien ha abandonado se hace mío inmediatamente; así como, cuando alguien arroja dádivas a la multitud o suelta pájaros, aunque no sepa quién es la persona a la que desea que pertenezcan, estos pasan a ser propiedad de la persona a la que los lleva el azar, así también se considera que quien abandona algo desea que pase a ser propiedad de otro.

[13] Evers (1977, p. 11 n. 5), en cambio, dice que no devolver un préstamo es fraudulento aunque el deudor no tenga dinero, pero que esto solo implica que el acreedor tendría un derecho de garantía sobre los ingresos futuros del deudor. No dice nada sobre la prisión por deudas.

[14] Alessandro Fusillo me hizo notar que Rothbard quizá no era consciente de que su noción de “robo implícito” evoca el concepto de los cuasidelitos. Véanse La. Civ. Code (2024), arts. 2315 y 2316; Levasseur (2009, §1.1.1.D).

[15] Barnett no está de acuerdo con la TTTC. En correspondencia personal conmigo escribió: “Una ‘teoría de la transferencia de títulos’ no identifica los criterios jurídicos o conceptuales por los cuales los compromisos de transferir derechos se vuelven jurídicamente exigibles, que es lo que la teoría del contrato busca identificar. Ese criterio, sostengo, es la manifestación de la intención de quedar jurídicamente obligado, o ‘consentimiento’. Como rótulo para la teoría de la obligación contractual, ‘transferencia de títulos’ incurre en petición de principio”. (Barnett 2024) Huelga decir que no estoy de acuerdo con Barnett en este punto.